Senadoras y senadores de todas las fracciones parlamentarias reconocen la propuesta de la legisladora tlaxcalteca para reformar al Código Penal y la Ley de Protección al Ambiente
Ante la tala ilegal que existe en los bosques de nuestro país, la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera presentó este miércoles una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de duplicar las penas previstas a quienes cometen ese delito y establecer una coordinación interinstitucional obligatoria entre autoridades ambientales y cuerpos de seguridad pública en el cuidado de los recursos forestales.
La propuesta recibió de inmediato el respaldo y apoyo de Senadoras y Senadores de todas las fracciones parlamentarias representadas en ese cuerpo legislativo, quienes reconocieron la iniciativa de la legisladora tlaxcalteca, quien a su vez dedicó la propuesta al trabajo realizado por pobladores, ejidatarios e ingenieros dedicados a la lucha contra la tala ilegal en la Montaña Malinche o Matlalcuéyetl en el Estado de Tlaxcala.
Y es que Ana Lilia Rivera subrayó que la tala clandestina se ha convertido en una de las mayores amenazas ambientales, sociales y económicas que México enfrenta. “No se trata solamente de árboles cortados ilegalmente; se trata de comunidades vulneradas, de recursos naturales saqueados, de ecosistemas que colapsan y de una economía criminal que crece al amparo de la impunidad y la corrupción”, apuntó. En tal sentido planteó reformas a los artículos 418 y 419 del Código Penal Federal para duplicar las penas establecidas, que actualmente oscilan entre uno y 12 años de prisión, dependiendo del delito y las circunstancias en que sea llevada a cabo la tala ilegal.
“Se propone una reforma al Código Penal Federal para duplicar las penas previstas por los delitos de tala ilegal, especialmente cuando se trate de áreas naturales protegidas, uso de violencia o vínculos con fines de lucro. Porque si queremos frenar la tala clandestina, debemos también desincentivar su rentabilidad”, explicó ante el Pleno del Senado de la República.
En el caso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Senadora propuso establecer una coordinación interinstitucional obligatoria entre autoridades ambientales y cuerpos de seguridad pública, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), especialmente en regiones de alto riesgo.
De hecho, la iniciativa incorpora disposiciones precisas para que la Guardia Nacional tenga, de forma expresa, la atribución de participar en operativos de vigilancia forestal, desmantelar centros clandestinos y proteger a las y los defensores ambientales. Lo anterior, dijo, debido al impacto ambiental, la relación de tala montes con el crimen organizado, las afectaciones económicas y la falta de disuasión efectiva de las penas actuales.
Asimismo, la iniciativa de la Senadora Ana Lilia actualiza el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, a fin de transformarlo en una verdadera herramienta de trazabilidad electrónica, obligatoria, georreferenciada y transparente, que permita seguir el rastro de cada tronco desde su origen en el bosque hasta su destino final en el mercado.
“No podemos seguir tolerando que entre el 30 y el 70 % de la madera que circula en nuestro país tenga un origen ilegal o no verificable. No podemos seguir aceptando que bosques completos sean despojados por redes criminales que extorsionan a las comunidades y blanquean la madera con documentos oficiales. Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras autoridades ambientales -PROFEPA, SEMARNAT y gobiernos locales- carecen de los recursos y el respaldo institucional para enfrentar a quienes destruyen nuestro patrimonio natural”, sostuvo.