Diversas versiones dan cuenta que, por corrupto y omiso, el director jurídico de la Secretaría de Gobierno (Segob), Miguel Sánchez Ramírez no llegaría al Instituto Tlaxcalteca para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frenó la operación y puesta en marcha de dicho Instituto en Tlaxcala, ya que interpuso un recurso por inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La CNDH explicó en su momento, que el motivo de la acción de inconstitucionalidad en el trabajo de los diputados tlaxcaltecas obedece a que el Congreso del Estado no tiene facultades para reglamentar la materia de extinción de dominio, ya que ello es facultad del Congreso de la Unión.
Además, Sánchez Ramírez ha sido señalado en múltiples ocasiones y en diversos medios de comunicación como un funcionario que ha realizado negocios al amparo del poder, dejando perder laudos millonarios que han golpeado las finanzas estatales.