La Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V Bis al artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante cual se reconoce, garantiza y tutela el derecho a la libertad de expresión de toda persona, y se apliquen protocolos de seguridad para las y los periodistas.
En la máxima tribuna del Estado, la congresista reconoció la importancia del derecho fundamental de la libertad de expresión, mismo que se encuentra protegido y legislado a nivel nacional e internacional, por lo que resulta de gran prioridad para la sociedad democrática garantizar la protección, independencia y acceso a las fuentes de información por parte de quienes realizar la noble labor del periodismo.
“Es de reiterarse que el respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función primordial, ya que, sin ella, imposible que se desarrollen todos los elementos para el fortalecimiento democrático y la garantía de los derechos humanos”, destacó durante la cuarta sesión ordinaria.
La legisladora representante del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Laura Alejandra Ramírez, enfatizó que la iniciativa presentada busca que se reconozca y tutele el ejercicio de la libertad de expresión, junto con la libertad de reunión y establezca un marco de actuación por parte del Estado, sujeto a protocolos internacionales que garanticen la seguridad de la ciudadanía.
Por ello, resulta indispensable que el ejercicio de la actividad no sea objeto de censura previa, interferencia o presión directa o indirecta, y sólo podrá ser limitado en los casos que señala la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, además, el derecho de réplica será ejercido en los términos que la Ley establezca.
En este sentido, las personas profesionales de la información tienen derecho a desempeñar su actividad de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones.
Asimismo, la protesta social es un derecho individual y colectivo, por lo que las autoridades deben adoptar protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros.
La iniciativa fue remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictamen correspondiente.