La anterior iniciativa fue vetada por el ejecutivo en 2019
La diputada morenista, Marcela González Castillo presentó al pleno del Congreso local una iniciativa para crear la Ley de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala en la que se plantean plazos para realizar una transición del uso de plásticos de un solo uso a otros materiales biodegradables de forma gradual, reconocer a los defensores ambientales, crear el Subsistema Estatal de Formación Ambiental e integrar Redes Municipales de Medio Ambiente.
En caso de aprobarse esta iniciativa de ley, se abrogaría la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, expedida el 2 de marzo de 1994.
La legisladora expuso que es necesario establecer mecanismos para la reducción de bolsas de plástico, los popotes y el unicel, elementos que generan una gran cantidad de residuos, que acumulados producen los gases de efecto invernadero, lo que disminuye la capa de ozono, que es detonante en el cambio climático. Para tal efecto, en las disposiciones transitorias se establecen los plazos en que deberá realizarse la transición del uso de plásticos de un solo uso a otros materiales biodegradables.
El artículo cuarto transitorio de la iniciativa plantea que para llevar a cabo la transición de plásticos de un solo uso, popotes y recipientes de unicel, como el reciclaje, el reúso y la reducción de productos altamente contaminantes, se realizará de forma gradual en los siguientes periodos:
La no producción de plásticos de un solo uso a partir del día 1 de julio del año 2023; la no producción de popotes a partir del día 1 de enero del año 2024 y la no producción de recipientes de unicel a partir del 1 de julio del año 2024.
Vale recordar que el 12 de marzo de 2019, los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron una reforma a la Ley de Ecología y de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala, en la que prohibían el uso desmedido de productos plásticos derivados de polietileno y poliestireno, comúnmente conocidos como unicel, bolsas de plástico y popotes, además de que quien hiciera caso omiso a esta disposición, podría ser sancionado hasta con 5 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Sin embargo, dicha enmienda fue vetada por el Ejecutivo en ese entonces, al emitir una serie de observaciones referentes a la imposición de sanciones, a la indefinición de las facultades que corresponden a los ayuntamientos sobre la disposición final de los residuos y a las facultades otorgadas a la entonces Coordinación General de Ecología (CGE) en las que no se previó la asignación presupuestal correspondiente.