Destacan pagos de salarios, adquisiciones y arrendamientos
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| Foto: Especial |
Un presunto daño patrimonial a la hacienda federal y pendientes por solventar por un monto superior a los 780 millones de pesos, detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto ejercido en el estado de Tlaxcala en el año 2020, penúltimo de la administración del ex gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez.
En los fondos asignados para la salud, el ente fiscalizador detectó que la pasada administración estatal incurrió en omisiones e irregularidades en la adquisiciones de bienes o arrendamiento de muebles e inmuebles, así como por pagos improcedentes de salarios, entre otros, por 639 millones 427 mil 401.91 pesos.
Mientras que en el rubro de Participaciones Federales a Entidades Federativas, la ASF detectó diversas anomalías, deficiencias, excesos y omisiones en el uso y destino de 136 millones 186 mil 153.06 pesos para rubros como obras, transferencias y pago de salarios, entre otros, por lo que determinaron iniciar los procedimientos fiscales y administrativos correspondientes.
De acuerdo con los informes individuales a la cuenta pública del año 2020 que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación, la administración del priista Marco Mena, todavía arrastra algunos pendientes por solventar, siendo los fondos de Salud y de Participaciones Federales los de mayor monto de recursos observados como daño patrimonial.
En la auditoría de cumplimiento con clave 2020-E-29003-19-1606-2021 1606-GB-GF, el ente fiscalizador detectó una serie de irregularidades en la aplicación de los fondos, mismos que la pasada administración no alcanzó a solventar y tiene pendientes por “aclarar” 639 millones 427 mil pesos.
De la auditoría se desprende que Salud de Tlaxcala “realizó ampliaciones netas a su presupuesto de egresos por 4 mil 339 millones 299 mil pesos, es decir, 2 mil 339 millones 321 mil pesos adicionales a la estimación prevista para el ejercicio fiscal 2020 que era por 2 mil 59 millones 977 mil pesos.
Sin embargo, hubo diversas irregularidades con esos recursos, como fueron erogaciones excesivas en servicios personales, como salarios, lo cual generó un quebranto a las arcas de la Federación.
“Salud de Tlaxcala no proporcionó las variables para la determinación del monto aprobado para el rubro de Servicios Personales en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, el cual ascendió a mil 705 millones 539 millones de pesos, que representaron un incremento respecto del monto aprobado en el ejercicio inmediato anterior por 82 millones 800 mil pesos, el cual representó el 5.1 por ciento con respecto a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, por lo cual excedió el límite establecido del porcentaje de crecimiento real y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio presupuestado”.
Además, “Salud de Tlaxcala asignó recursos para el capítulo 1000 Servicios Personales, por mil 705 millones 539 mil pesos, el cual incrementó durante el ejercicio fiscal 2020 por 699 millones 812 mil pesos y pagó 2 mil 344 millones 277 mil pesos, los cuales rebasan el límite máximo permitido en la asignación global de servicios personales, sin contemplar las excepciones señaladas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por mil 704 millones 850 pesos, generando un incremento conforme al monto aprobado por 639 millones 427 mil pesos”.
Ante tal situación, la ASF solicitó a Salud de Tlaxcala “aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 639 millones 427 mil 401.91 pesos por concepto de incremento durante el ejercicio fiscal 2020 de la asignación global destinada a servicios personales, respecto del límite máximo permitido, determinado de acuerdo con el cálculo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.
El director general de la ASF, Marciano Cruz Ángeles, en su informe de resultados, puntualiza que en la última comunicación que tuvo con el gobierno de Tlaxcala sobre esta auditoría, ya con la nueva administración, con fecha 19 de enero del presente año, recibió diversas propuestas de solventación a estas imputaciones, mismas que “no reúnen las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados se consideran como no atendidos”.
Respecto a la auditoría practicada a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, de conformidad con la auditoría de cumplimiento de clave 2020-A-29000-19-1390-2021 1390-DE-GF, el ente fiscalizador detectó “un probable daño a la hacienda pública por un importe de 140 millones 537 mil pesos”.
“En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Tlaxcala infringió la normativa, principalmente en materia de servicios personales, adquisiciones, arrendamientos y/o servicios y obra pública, lo que generó un probable daño a la hacienda pública por un importe de 140 millones 537 mil pesos, el cual representa el 2.7 por ciento de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”.
Ante ello, la ASF solicitó al gobierno de Tlaxcala aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 136 millones 186 mil 153.06 pesos por concepto de que la información del ejercicio del gasto en materia de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios, no es coincidente con el destino de los recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2020, así como la documentación justificativa y comprobatoria de acuerdo con los conceptos ejecutados”.
Además, demandaron que aclaren el destino de 428 mil 474.71 pesos destinados en el año 2020 al Poder Legislativo “por concepto de pagos superiores y categorías no contempladas en el tabulador del H. Congreso del estado… y se detectaron pagos superiores (en el Poder Legislativo) a lo contratado en 36 casos en diversas quincenas por 879 mil pesos.
Aunado a ello, de la revisión que hizo la ASF a 27 contratos seleccionados como muestra, por un monto de 374 millones 29 mil pesos, “se verificó que dos de ellos, con números GET-ADX-3_499-2020, por 9 millones 140 mil pesos por concepto de adquisición de equipo médico y de laboratorio; y número GET-ADX-6_234-2020, por un millón 610 mil pesos para la adquisición de medicinas y productos farmacéuticos, se contrataron mediante el procedimiento de adjudicación directa por el OPD Salud de Tlaxcala, los cuales no cuentan con la suficiencia presupuestal; además de que dichos contratos exceden los montos máximos establecidos en la normatividad para las adjudicaciones directas”.
También detectaron tres compras en gastos diversos por un millón 168 mil pesos, ejercidos por el OPD Servicios de Salud Tlaxcala, así como en cinco compras realizadas por el Poder Legislativo por 691 mil pesos, pero “no proporcionó la documentación relacionada con los procesos de compra, y de 15 contratos de adquisiciones ejercidos por el referido OPD, y tres por la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente por 851 mil pesos, que no fueron adjudicados y contratados como lo establece la normativa, ya que no se proporcionó la suficiencia presupuestal, bases de licitación, actas constitutivas de los concursantes, cotizaciones, el registro del padrón de contratistas, documento comprobatorio de excepción a la licitación pública y dictamen de adjudicación, en incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, artículos 22, 24, 40, 42 y 43; y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala, artículos 19, 54 y 55.
Aunque algunas de estas imputaciones fueron solventadas total o parcialmente, “la Secretaría de la Función Pública del gobierno del estado de Tlaxcala inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos”.
Con información de La Jornada de Oriente