El Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió un amparo a 365 tlaxcaltecas que les permite acceder a centros comerciales, restaurantes, espacios públicos y oficinas de gobierno sin presentar el certificado de vacunación completo contra el Covid-19, como lo establece un acuerdo emitido a principios de este mes por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros a principios de este mes para contener la propagación.
La medida fue impugnada por un grupo de personas ante el PJF y el pasado 22 de enero, el Juzgado Tercero de Distrito concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables, suspendan la aplicación de la parte del “Decreto por el que se establecen medidas para contener los contagios del virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el sector público y privado”, publicado en el Periódico Oficial del gobierno de Tlaxcala el 4 de enero de este año.
El dictamen provisional aclara que la “medida cautelar no implica que quede insubsistente el Decreto reclamado, sino que únicamente sus efectos por cuanto hace a los ahora quejosos se postergarán en el tiempo”.
La resolución definitiva al Juicio de Amparo con número 55/2022 será dictada el próximo jueves, en tanto, se pide a “todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, están obligadas a cumplir con la suspensión provisional otorgada, aun en el supuesto de que no hubieren sido llamadas como responsables, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 158 y 197 de la Ley de Amparo”.
Al respecto, el abogado Óscar Jared Guerrero, responsable de presentar el Juicio de Amparo, explicó, en su cuenta de Facebook, que el Decreto publicado por la gobernadora Lorena Cuéllar “se violan las garantías y protección a los derechos humanos, libertad de tránsito, libre desarrollo de la personalidad y garantía a la salud, que prevén los artículos 1, 4, 11, 14, 16, 29 y 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el artículo 6, numeral 1 de la Declaración Universal de la Bioética y Derechos Humanos, y Declaración de Helsinki, apartado III, numeral 2”.
A los tlaxcaltecas –señala– les preocupa que el Estado quiera inocular a todos los ciudadanos una vacuna de la cual admite en su documento “Política Nacional de Vacunación contra el Virus Sars-Cov2, para la Prevención de la COVID-19 en México. Documento Rector”, que en su página 13 dice:
“Las vacunas que están en desarrollo son catalogadas como de emergencia y su evidencia sobre su eficacia clínica y la evidencia de inmunogenicidad y sobre todo su seguridad es muy limitada, sobre todo porque sus resultados se limitan a los análisis de estudios de fases 1 y 2”.
“De lo anterior se advierte que el gobierno federal admite que no se tiene conocimiento acerca de la eficacia de las vacunas para evitar el contagio de la Covid-19, pero lo más grave de todo es que no se sabe que efectos adversos pueda tener cada uno de los individuos que se inoculen la “vacuna”, pues está al alcance de todos, incluso en las páginas oficiales de las diferentes productoras de las vacunas que la FASE 3 culmina hasta el año 2023. Esto quiere decir que, todos los que actualmente se están inoculando la vacuna son parte de la fase experimental de las mismas, lo que sin lugar a dudas contraviene al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Estado no está garantizando la protección de la salud de los Mexicanos, al querer vacunar a los mismos sin tener la certeza de qué efectos pueda contraer cada uno de ellos”.
Con información de La Jornada de Oriente