Los niños corren y juegan mientras ellas elaboran tortillas a mano para el desayuno. Aquí se refugian personas desplazadas. “Por defender nuestro bosque nos quemaron nuestras casas”, cuenta María García García, una mujer de 43 años de edad que el 23 de octubre del 2021 huyó de su comunidad de Guerrero Grande, del municipio de Atatlahuaca, Oaxaca. Salió de su comunidad al ver que su casa quedó en cenizas y su vida corría peligro porque un grupo de personas que viven del tráfico de madera ingresaron a su pueblo para violentarlos.
Nosotros los niños exigimos” es la leyenda de un cartel tapizado con cartas y dibujos de menores de edad que viven desplazados y exigen volver a sus hogares sanos y salvos.
Me corrieron a balazos, destruyeron mi comunidad, salí lejos de mi pueblo. Me quemaron todas mis cosas y las de mi familia, nos quedamos sin nada”, dice la carta de un niño mixteco que vive desplazado en un refugio temporal de Tlaxiaco, al que acompaña el Centro de Derechos Humanos y Asesoría de los Pueblos indígenas (CEDHAPI, AC).
A dos horas y media de Tlaxiaco, Oaxaca, y a ocho horas de la capital oaxaqueña, atravesando un camino terracero cubierto de colinas verdes que forman el Cerro del Ratón y el llano de oyameles considerados el pulmón de La Mixteca, está ubicada la comunidad de Guerrero Grande, donde viven 250 habitantes, y junto con las comunidades de Mier y Terán y Ndoyonoyuji defienden su territorio de la tala clandestina. Ahí también hay 152 casas quemadas y desplazados.
En esta zona habitan indígenas Ñuu Savi (mixtecos). Atatlahuca significa ”Tierra colorada entre dos ríos” – Independencia y Morelos- y anualmente realizan festividades en honor a San Esteban. La celebración de Día de Muertos es sagrada y acuden a los panteones. Sin embargo, por esta violencia que viven en este año no hubo celebración a los fieles difuntos.
El municipio de Atatlahuaca, Oaxaca, está dividido por 9 agencias municipales, de las cuales Guerrero Grande, Mier y Terán y Ndoyonoyuji se han opuesto a la tala clandestina en 2 mil 640 hectáreas de bosque, que aseguran ejerce el presidente municipal Rogelio Bautista Barrios y al comisariado ejidal Eulogio Alvarado. La comunidad denuncia que esta última persona es la causante de la violencia que ahora viven.
Entre las personas perseguidas y amenazadas está Irma Galindo, defensora mixteca del bosque y originaria de Atatlahuca, quien alertó hace un año del conflicto interno que viven estas tres comunidades por la defensa del bosque. Ella fue una de las primeras víctimas de la violencia, en noviembre del 2019, cuando su casa fue incendiada. Desde entonces vive desplazada como lo compartió en el reportaje “Defensores bajo ataque”.
Un automóvil blanco con impactos de bala da la bienvenida a Guerrero Grande. El coche está ubicado sobre el camino en una posición de declive, fue vandalizado y abandonado en el lugar por los violentadores.
“Traían el rostro cubierto, vaciaron la casa, se llevaron mi auto, quemaron todo y se llevaron a mis dos hijos Miguel y Donato Bautista Avendaño, están desaparecidos”, narra Jerónima Avendaño Sandoval de 73 años de edad.
Ella se dedica al cultivo de pera, manzana y maíz, quedó sin hogar y ahora vive con su hija, lo único que exige es justicia y que los responsables paguen por la desaparición de sus dos hijos.
“El 18 de octubre recibí una llamada telefónica donde me decían que matarían a mis hermanos y que quemaran todo, no lo creí, pero le avisé a mi familia, y mira, ahora lo que pasó, mis dos hermanos están desaparecidos, exigimos justicia”, denunció Alejandrina Bautista, hermana de los desaparecidos.
Conforme se avanza en el camino, aparecen los restos de viviendas calcinadas. “Esta gente llegó y arrasó con todo, tuvimos que refugiarnos como pudimos”, explican las familias que perdieron todo y que han declarado su testimonio ante las autoridades de justicia como la Vicefiscalía de la región de la mixteca.
El único cibercafé de la comunidad también quedó en cenizas. El dueño expresó que con esta acción violenta la educación de 150 estudiantes que se conectaban todos los días para tomar sus clases a distancia. Desde que eso ocurrió, él y la comunidad desconocen cómo y cuándo se repararán los daños.
“Hay viviendas de 50, 80 y hasta de 3 millones de pesos que se calcinaron, está gente tenía la intención de desplazarnos y adueñarse de nuestras tierras, y eso es algo que no vamos a permitir, vamos a defender nuestro bosque y nuestro territorio hasta las últimas consecuencias”, explicaron los afectados.
La capilla principal de la comunidad hoy funciona como refugio. Ahí entre todos se organizan para elaborar sus alimentos, y tienen la protección de la guardia nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Sedena y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones.
El agente municipal de Guerrero Grande, Juan Gabriel Hernández García, informó que 112 viviendas fueron quemadas y quedaron calcinadas lo que equivale a un 70 por ciento, y más de 100 personas están desplazadas en diversos refugios improvisados, el más alejado está en Tlaxiaco, Oaxaca.
“Nosotros lo único que pedimos es justicia por toda esta atrocidad que hemos pasado, y que nos reconozcan las 2 mil 640 hectáreas de bosque que hemos cuidado y protegido de la tala que encabezan las autoridades locales y agrarias, no estamos peleando otra cosa, que nuestros bienes naturales, no queremos que se mueran, pero por eso nos han desplazado”, externó.
Asimismo, señaló que una de las demandas principales son los recursos municipales, ramo 28 y 33 que el presidente municipal no les otorga. “Nos construyeron una cancha y nos dijeron eso cuesta un millón 200 mil pesos, y ahí está lo que les tocaba en este 2021, así nos traen”.
Los afectados hicieron un llamado a los organismos internacionales a manifestarse respecto a la violencia que viven. Hasta el momento la CNDH no se ha pronunciado sobre esta violencia y desplazamiento que viven los defensores comunitarios.
Magdiel Hernández Caballero, defensor especializado de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de oaxaca, señaló que lo que viven las tres comunidades de Atatlahuca es una situación que dio origen a la defensa del bosque, posteriormente un tema agrario por disputa de tierras, y también la exigencia de recursos del ramo federal 28 y 33 y finalmente social en la violacion a los derechos a la educación, vivienda y salud.
Por su parte, Maurilio Santiago activista de los derechos humanos de la CEDHAPI señaló que son cientos de personas indígenas mixtecas afectadas por la violencia de la zona.
“Eso que ocurrió en estas tres comunidades parece un sitio de guerra, casas quemadas, cuatro personas desaparecidas, y varios desplazados, lo que nos indica que la violencia está fea en la zona, lo que estamos haciendo es brindar acompañamiento, ya hay denuncias y exigimos se haga una investigación exhaustiva para dar con los responsables”, dijo.
La síndica municipal de Atatlahuca, Maribel Velasco García, dijo que la violencia en la zona la ha “sembrado” el Frente de Resistencia Indígena de Juxtlahuaca (FRIJ) y que en nada tiene que ver la autoridad local.
“Las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad son los más vulnerables al ataque, ya lo hemos denunciado y exigimos protección, porque nos han amenazado”, señaló.
Sobre este tema, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que se iniciaron carpetas de investigación por la desaparición de cuatro personas por la violencia que hay en las tres comunidades y El 25 de octubre de 2021, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida de una persona localizado en el paraje Shinitoo, de la Agencia de Ndoyonuyuji, por el que se abrió la carpeta de investigación 35213/FMIX/TLAXIACO/ 2021 por el delito de homicidio.
De acuerdo a un análisis realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) , en el mundo son 82 millones de personas desplazadas forzadamente, lo que equivale a un aumento del 4 por ciento sobre el 2019.
En su informe 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) informó que 16 ambientalistas fueron asesinados en México y que en ese mismo año hubo alrededor de 90 agresiones contra activistas en 65 ataques distintos.