Rocío dejó El Salvador y está en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, que colinda con El Paso, Texas. Tiene 25 años y quiere llegar a Estados Unidos con su hijo de 8.
“No quisiera regresar porque el papá del niño… estando allá, donde quiera que esté me va a buscar, me amenazó con matarme”, menciona en entrevista.
Sueña con que en Estados Unidos su hijo estudie y, desde allá, ella pueda ayudar económicamente a su padre, quien la apoyó para salir de El Salvador.
“La idea es cruzar al otro lado, pero si no se puede me va a tocar pedir el asilo acá. No tengo de otra”, dice desde un albergue chihuahuense.
En su primer intento fue expulsada bajo la política migratoria Título 42.
“Me quedé en el puente, sentada… llorando”, cuenta. Esta política se activó a causa de la emergencia por la pandemia de Covid-19 e impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en Estados Unidos.
Al respecto, en agosto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó su preocupación por la nueva práctica de Estados Unidos de trasladar en avión hacia el sur de México a personas solicitantes de asilo en virtud de esa orden de salud pública estadounidense.
“Las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades”, indicó Matthew Reynolds, representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe.
“Estos vuelos, a través de los cuales se trasladan hacia el interior de México a ciudadanos no mexicanos, constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con el Covid conocida como Título 42”, añade ACNUR en su declaración.
“La expulsión de Estados Unidos al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena —devoluciones sucesivas por parte de diferentes países— de personas vulnerables en peligro, lo que contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”, sigue dicha agencia de la ONU.
En entrevista Sofía Cardona, asociada senior de Protección en ACNUR México, manifiesta que, efectivamente, se debe garantizar el acceso a un procedimiento y no se debe devolver ni a su propio país, ni a un país de donde potencialmente sea devuelto a su vez.
Cardona explica que el rechazo de migrantes en la frontera es una manera en la cual se viola el principio de no devolución, que es la piedra angular de la protección internacional.
“Si alguien expresa un temor de regresar a su país, se le debe admitir a un procedimiento para determinar si efectivamente es una persona que requiere protección internacional. Se debe garantizar el acceso a un procedimiento”, agrega Cardona.