Este 12 de agosto el albergue sostuvo un primer encuentro de trabajo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, representada por las consejeras Geovanny Pérez López e Haraim Sánchez Méndez, quienes plantearon que el objetivo de este primer encuentro es empezar a tejer una red de trabajo con organizaciones de la sociedad civil del estado para fortalecer el trabajo de este organismo.
Por su parte, el albergue “La Sagrada Familia” comentó que en sus diez años de trabajo ha experimentado la vaga acción de la Comisión, ya que a pesar de conocer de viva voz la realidad que enfrenta la población migrante a su paso por Tlaxcala, las acciones de este organismo para proteger sus derechos han sido inconsistentes. Expuso que ha venido documentado problemáticas que vulneran a la población migrante y refugiada; prevalecen extorciones, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías estatales y municipales; delitos como secuestro y tráfico de personas perpetrados por la delincuencia común y organizada, agresiones de los guardias de seguridad del tren, ataques sexuales hacia mujeres; situaciones que se agravan por los impedimentos al acceso a la justicia de las víctimas y la discriminación que enfrentan.
El albergue demandó que estas problemáticas sean incluidas en la agenda local de gobierno para que las próximas autoridades intervengan en su atención y solución. También presentó a la CEDHT una primera agenda de trabajo en materia de protección y difusión de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas en Tlaxcala, dentro de los que se destacaron los siguientes puntos:
En coordinación con la Dirección de Atención a Migrantes, es importante que realice un diagnóstico de la situación que guardan los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Tlaxcala, y con ello tener elementos para proponer y ejecutar políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo que garanticen el respeto, la protección y difusión de los derechos humanos de esta población y combatan los actos de discriminación en su contra.
La actual CEDHT tiene en sus manos la posibilidad de hacer avanzar el marco jurídico de protección de la población migrante en la entidad, impulsando ante el próximo ejecutivo local la creación del reglamento de la actual Ley de protección y atención a los sujetos migrantes y sus familias para el estado de Tlaxcala; incluso, promover acciones en el marco de sus atribuciones para que el legislativo y el ejecutivo generen condiciones financieras que hagan posible la creación y funcionamiento del Instituto Tlaxcalteca de Atención a los Sujetos Migrantes y sus Familias, de lo contrario dicha ley seguirá siendo letra muerta.
En este marco de acciones, se requiere impulsar la creación de una fiscalía especial de atención a migrantes víctimas de delito en Tlaxcala o al menos una mesa de atención especial que mejore condiciones para el acceso a la justicia de esta población.
La CEDHT debe conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones a derechos humanos derivadas de actos cometidos contra personas migrantes en tránsito por Tlaxcala; y en su caso, deberá emitir las medidas cautelares y recomendaciones a que haya lugar, incluyendo las recomendaciones generales, a fin de que dichas agresiones sean erradicadas. Deberá investigar presuntas violaciones a derechos humanos desprendidas de los actos u omisiones con las que frecuentemente el Ministerio Público de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala recibe y procesa las denuncias hechas por migrantes que han sido víctimas de delitos en la entidad. Incluso, la Comisión deberá constituirse y participar en operativos de detención que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración para inhibir prácticas de uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales.
Por otro lado, es imprescindible que la CEDHT implemente acciones dirigidas a la población tlaxcalteca para difundir los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y erradicar la discriminación. Se requieren acciones de sensibilización, capacitación y acreditación dirigidas a autoridades y funcionarios públicos estatales y municipales que en su servicio público mantienen algún trato con población migrante a fin de que adquieran conocimientos y herramientas para respetar y proteger los derechos de la población migrante y refugiada de acuerdo a las leyes en la materia y al derecho internacional de los derechos humanos.