Dos aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH) estarían imposibilitadas para ocupar dicho cargo luego de situaciones que ponen en riesgo el velar por los derechos humanos y las garantías individuales.
Se trata de Jakqueline Ordóñez Brasdefer y Alma Karina Cuevas Fernández quienes arrastran un oscuro pasado que pudiera oscurecer su labor al frente del Organismo Autónomo.
Jakqueline Ordóñez Brasdefer cuenta con una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya que, en su actuar como ministerio público, violentó los derechos humanos de un ciudadano. Lo anterior consta en la recomendación REC_2003_047 que ,mediante sus influencias, la actual aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, buscó eliminar del registro dicha recomendación ya que nunca fue atendida por la servidora pública en ese momento, lo que podría poner en entredicho su interés por velar por los Derechos Humanos de los tlaxcaltecas.
Del mismo modo, Alma Karina Cuevas Fernández arrastra un negro pasado relacionado con el crimen organizado, particularmente con la venta de estupefacientes. Lo anterior ha ocasionado que su hermano se encuentre purgando una pena al ser detenido por la posesión de estupefacientes y narcóticos con fines de comercialización.
Estas situaciones deben obligar a los blandengues diputados a tomar la mejor de las decisiones, ya que los tlaxcaltecas esperan únicamente que quien sea designado pueda tener las tablas y la calidad moral para defender sus derechos y garantías ante el abuso de autoridad.