El Gobierno Estatal no ha incurrido en ningún delito electoral, como lo han acusado opositores políticos
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| Foto presentada como prueba por los opositores |
De manera engañosa, Sergio González Hernández, coordinador electoral de campaña de la candidata de la coalición «Juntos Haremos Historia», Lorena Cuéllar Cisneros, presentó fotografías de archivo de una entrega de apoyos sociales, con la que supuestamente el Gobierno estatal incumpliría la ley electoral.
La información obtenida por este medio, señala que las últimas entregas de apoyos sociales se realizaron antes del inicio de la veda electoral, siguiendo los tiempos marcados, y con la finalidad de cumplir cabalmente con lo que la ley estipula.
Se detalla que, en el caso de los apoyos asistenciales del DIF Estatal y del programa Supérate, los programas del estado se suspendieron antes de iniciar la campaña, por lo que las fotos que filtró el ex panista a la prensa son de archivo.
Únicamente la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa) entregó algunos apoyos, al amparo de la tesis LXXXVIII/2016 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Según González Hernández, el equipo jurídico de la coalición «Juntos Haremos Historia» presentó una serie de denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) por la presunta manipulación de programas sociales con fines electorales.
Es de resaltar que, la Sala Superior del TEPJF determinó que los beneficios de los programas sociales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda electoral, a fin de evitar poner en riesgo los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad que deben observarse en los procesos electorales.
Por ello, las autoridades tienen un especial deber de cuidado para que dichos beneficios sean entregados, de tal manera que no generen un impacto negativo o se pongan en riesgo los referidos principios.
Sin embargo, en principio, “no existe el deber específico de suspender la entrega de los beneficios de los programas sociales durante las campañas electorales, debido a su finalidad”.