El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó este jueves dar vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que investigue la probable comisión del delito de violencia política en razón de género cometido en contra de María Elena Conde Pérez, Síndica del Municipio de Totolac, por parte del alcalde de esa comuna, Giovanni Pérez Briones.
Al votar por unanimidad el Acuerdo ITE-CG 17/2021, el Consejo General también aprobó conceder medidas cautelares para que el ciudadano Pérez Briones así como Regidoras, Regidores, Presidentes de Comunidad, Secretario del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Directora Jurídica, en el ámbito de sus responsabilidades, atiendan en tiempo y forma de manera fundada y motivada las peticiones que, en ejercicio de la función de la Sindicatura Municipal, presente la Síndica.
Estas medidas incluyen que, de conformidad al presupuesto programado en el ejercicio anual, se otorguen de forma permanente e ininterrumpida los elementos técnicos, económicos y materiales necesarios para el cumplimiento de las funciones y facultades como representante legal del ayuntamiento a Conde Pérez.
Asimismo, que estas y estos servidores públicos se abstengan de realizar acto alguno por acción u omisión que repercuta en el ejercicio del desempeño de su cargo a Conde Pérez.
Sin embargo, declinó ordenar la suspensión del cargo de Pérez Briones, así como incluirlo en la lista de personas sentenciadas por violencia política en razón de género, en virtud de que no son medidas cautelares y, por el contrario, derivarían de la resolución de fondo respecto del delito, por parte de las autoridades competentes.
En la misma sesión, el Consejo General del ITE determinó declarar procedente la adopción de medidas cautelares para que el ciudadano Enrique Acoltzi elimine once bardas, ubicadas en los municipios Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carbajal, y Contla de Juan Cuamatzi.
Estas medidas forman parte del Procedimiento Especial Sancionador instaurado a partir de la denuncia presentada por el ciudadano Ángel Cahuantzi Lopantzi por probables actos anticipados de precampaña y campaña.
Lo anterior, dado la existencia, ubicación, contenido y vigencia de las bardas que se denuncian, mismas que, fueron debidamente certificadas por la autoridad electoral, conforme consta en las actas circunstanciadas levantadas.