Redes sociales progresistas, encuentro solidario y fuerza social por México, sí tienen aval
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) otorgó el registro como partidos políticos a Fuerza Social
por México y Redes Sociales Progresistas (RSP), cuyos dirigentes han externado afinidades con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se lo negó a México Libre, de los expanistas Felipe Calderón y Margarita Zavala.
En una votación dividida -cuyo sentido se conoció en el último minuto-, el órgano determinó que el hecho de que México Libre recibiera un millón de pesos de personas desconocidas violó la certeza que debe regir la conformación de partidos.
Esta conducta fue reiterada y en los meses en que más dinero de este tipo se recibió se afilió a más de 50 por ciento de sus militantes.
José Luis Vargas, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes se pronunciaron por no conceder el registro; Janine Otálora, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante por reponer el procedimiento de revisión de sus recursos.
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En contraste, RSP, ligado a la exlíder magisterial, Elba Esther Gordillo, obtuvo su registro, pues los magistrados le restituyeron asambleas anuladas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Además, el TEPJF concluyó que el sindicato magisterial no participó corporativamente en el proceso de constitución de Redes Sociales como partido.
Fuerza Social por México, organización ligada al líder sindical, Pedro Haces, también está a punto de convertirse en fuerza política, porque el Tribunal no acreditó la intervención de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en su conformación como partido político, ni consideró que el financiamiento de personas desconocidas fuera suficiente para anularle varias asambleas.
Por tanto, los registros de militantes levantados en las asambleas anuladas por el INE le serán restituidos, por lo que se prevé que Fuerza Social obtenga su registro como partido político.
El TEPJF también confirmó el registro de Encuentro Solidario, pese a que el proyecto elaborado por la magistrada Janiene Otálora proponía revocarlo, por haberse acreditado la participación de 15 ministros de culto en seis asambleas distritales.