Leonardo Molina Yano ha creado y administrado empresas fantasmas para fracturar grandes cantidades de dinero al Gobierno
Ares VÁZQUEZ
Derivado de auditorías e investigaciones realizadas por instituciones gubernamentales así como por periodistas reconocidos, en los últimos meses se ha tenido conocimiento sobre operaciones financieras que contemplan millones de pesos a nombre de empresas falsas creadas por el robo de identidad que sufren los ciudadanos, que en su mayoría son de escasos recursos.
Guillermo Cuenca
Guillermo Cuenca Cuauhtle un joven habitante del municipio de Cholula, Puebla quien a sus 15 años sufrió un accidente que le hizo perder las piernas, derivado de ese percance, años después decidió acudir al DIF para poder ser beneficiario de una prótesis, solo que para obtenerla tuvo que entregar varios documentos: INE, CURP, comprobante de domicilio y papeles que acreditan su discapacidad.
Tiempo después Guillermo es convirtió accionista de una empresa —Mantenimiento de obras y proyectos Cuenca S.A. de C.V.— que ganó más de 13 millones de pesos en contratos con el gobierno de Cuernavaca en 2018, cuando Cuauhtémoc Blanco era el alcalde de la capital de Morelos. Lo malo, es que él nunca se enteró.
Cuenca Cuautle, de 23 años, empuja con dificultad su silla de ruedas para esquivar el lodo que dejó la lluvia. Se desplaza sobre una vereda rodeada de milpas que conduce hacia su casa: una construcción en obra negra con techo de lámina en las afueras de Cholula.
“No, pues imagínate, no viviría así”, dice Guillermo al ser entrevistado
Durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco como alcalde de Cuernavaca, el Sistema de Agua Potable, SAPA, pagó 207 facturas a "Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V.", empresa que fue creada en febrero de 2018 con la identidad robada de Guillermo Cuenca que aparece como accionista y representante ante el SAT.
Guillermo comentó que antes de acudir al DIF no había dado ninguna documentación oficial, tampoco conoce a sus presuntos socios, ni ha tenido tratos con las autoridades de Morelos.
La empresa "Cuenca S.A. de C.V." se constituyó el 19 de febrero ante la Correduría Pública Número #1 de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala ante el notario Leonardo Molina Yano.
(Mientras Guillermo sobrevivía vendiendo quesadillas en su silla de ruedas)
José García y Alberta Manzano
En los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, la hoy extinta Policía Federal compró $40 millones en equipo de interceptación de comunicaciones a dos empresas, cuyos supuestos dueños son dos jubilados que dicen que no sabían nada.
Alberta Manzano, de 65 años, es una empleada doméstica jubilada que vive en un barrio de Naucalpan, en el Estado de México. Lo máximo que ella sabe de comunicaciones es marcar su modesto celular para hablar con sus hijos. Sin embargo, en el Registro Público de Comercio del gobierno mexicano, su nombre aparece como dueña de una empresa que le vendió sofisticados equipos de intervención de comunicaciones a la Policía Federal por 15 millones de dólares.
A cuatro kilómetros de allí, en otro barrio de Naucalpan, vive José García Brito, un carpintero retirado de 74 años. Que también de acuerdo al registro público, García fundó otra empresa, que vendió equipos a la Policía Federal por 25.5 millones de dólares, también en 2018. García dijo que "en ningún momento" creó una empresa y apenas tiene dinero para sobrevivir.
Manzano y García son eslabones de un oscuro proceso de contratación a precios inflados de equipos y sistemas informáticos de monitoreo de redes sociales e intervención de comunicaciones para la Policía, de acuerdo con una investigación conjunta de Univision Investiga y EL PAÍS de España. Algunos de los equipos nunca se pusieron en funcionamiento y otros no funcionaron.
Servicios Esrome es la empresa en la que Manzano aparece como accionista. Ella dice que no tiene nada que ver y jamás ha escuchado hablar de esa compañía. Lo mismo sucede con Comercializadora Dizoal, en la que el carpintero García figura como socio fundador y administrador único.
Para crear una compañía en México, los dueños deben acudir con sus documentos originales, a la notaría y firmar el registro. Si Manzano y García no fueron, como ellos afirman, ¿cómo pudieron registrarse las empresas?
El notario que registró a Dizoal y Esrome fue Salvador Ximénez, hijo de un ex senador del PRI en el Estado de México. En los últimos meses de su periodo como gobernador en el Estado de México, Peña Nieto nombró a Salvador como notario titular del despacho donde se registraron las empresas.
En 2017, la alcaldesa de una localidad en Ciudad de México, Xóchitl Gálvez, denunció penalmente al notario Ximénez por haber certificado las escrituras de un edificio con documentos apócrifos, tiempo después se comprobó su culpabilidad, por lo que le fue revocado su permiso de notarios.
En los meses después de que el permiso de Ximénez fue revocado, los documentos de ambas empresas se trasladaron con otro notario, del estado de Tlaxcala, llamado Leonardo Molina.
En la oficina de Molina en Chiautempan, la auxiliar administrativa , quien no aceptó dar su nombre, dijo que no podían dar ninguna información sobre las empresas, porque deben cuidar los datos personales de sus usuarios.
Al contarle los antecedentes de Esrome y Dizoal, y el alegato de sus supuestos dueños de que se trataba probablemente de un fraude, respondió que no estaban enterados de nada de eso y no podían comentar al respecto.
Leonardo Adolfo Molina Yano obtuvo habilitación para ser Corredor Público del Estado de Tlaxcala el 5 de abril de 1999, mismo que, además de participar en los casos antes referidos, de acuerdo a la información de 'Datamos' se convirtió en el notario que más empresas fantasma constituyó en Puebla: avaló 15 de las 90 usadas en la administración pública, lo que significó casi 17 por ciento; aunque no se encargó de la creación de aquellas que recibieron los montos más elevados
Tablaroca y Acabados Contac SA de CV se convirtió en la empresa que creó Molina Yano y que más contrataciones recibió: de 2015 a 2016, tanto el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) como el Ayuntamiento de Puebla le pagaron 5.9 millones de pesos.
Los registros de contribuyentes con operaciones inexistentes del SAT revelaron que el 11 de julio del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el oficio 500-05-2017-16222, por lo que confirmó que emitió comprobantes que no podía respaldar o que domicilio fiscal fue ilocalizable.
Con información de Univisión, El País, Datamos y Alerta Vigilante.