El jurista destacó que aun cuando la pandemia del coronavirus no garantizó el debido proceso, todos deben ponderar el derecho a la vida
El reconocido jurista Alberto del Castillo del Valle, aseveró que para garantizar una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, tanto juzgadores como los justiciables deben contribuir desde sus esferas de responsabilidad en el desarrollo de juicios que le apuesten a una buena solución de los conflictos y dejar en el olvido malas prácticas, lo que incluye que abogados asuman su responsabilidad cuando pierden juicios y no buscar culpables.
Así lo manifestó durante su disertación denominada “Garantías en la administración de justicia”, efectuada la tarde del miércoles como parte del ciclo de videoconferencias que organiza el Poder Judicial a través del Instituto de Especialización Judicial (IEJTlax).
Y es que a decir del abogado de talla internacional y discípulo del jurisconsulto, Ignacio Burgoa Orihuela, tanto juzgadores como justiciables, deben ceñirse e interpretar el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más que en estricto apego a lo ahí plasmado, a lo que representa su esencia, lo que permitiría acabar con malas prácticas.
Alberto del Castillo del Valle, quien se autodenomina tlaxcalteca por adopción, reconoció la iniciativa del Poder Judicial de Tlaxcala por apostarle a la capacitación permanente de los profesionales del derecho, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, pues ello habla del profesionalismo con que se conduce el magistrado presidente, Fernando Bernal Salazar.
De esta forma, destacó que acceder a una adecuada administración o impartición de justicia, bastaría con que los defensores y jueces hagan caso a lo previsto en el 17 constitucional, cuya esencia establece que jueces no deben poner tantas trabas, formalismos o recovecos, sino que deben hacer que prevalezca la solución de la controversia lo mejor posible y en el menor tiempo.
Aunque también hizo un duro llamado a los profesionales del derecho, para acabar con viejas prácticas para alargar los juicios y que, en caso de perder un caso, eviten hacer uso del argumento falaz de que el juez se vendió, pues hoy en día la misma ley prevé que si un juzgador incurre en prácticas indebidas, también se puede proceder en su contra.
El jurista manifestó que, desde su particular punto de vista, los congresistas deberían impulsar reformas para evitar que la impartición de la justicia sea gratuita, pues ya ha quedado demostrado en otros países del mundo que cuando la justicia tiene un costo, específicamente para quien propició el juicio, el número de casos disminuye considerablemente.
Finalmente, Alberto del Castillo del Valle, admitió que aunque durante la pandemia no se garantizó el debido proceso debido al cierre de juzgados, también es cierto que se debe ponderar el derecho a la vida, “pues de nada sirve tener la impartición de justicia abierta si por ir a los juzgados me contagio y me muero, además de que un contagio puede repercutir incluso en contra de toda una familia, como ocurrió en los juzgados de Torreón”.