Tlaxcala, Tlax., a 12 de marzo de 2020
Con la finalidad de ampliar las hipótesis para configurar el tipo penal de feminicidio y sancionar a los servidores públicos que atiendan con incompetencia, negligencia y falta de pericia las denuncias por ese delito, la Legisladora Laura Yamili Flores Lozano, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones al Código Penal vigente en la entidad.
En la iniciativa propuesta en la sesión ordinaria de este jueves, Flores Lozano precisó que se busca garantizar la tutela de los derechos humanos en favor de mujeres y niñas que históricamente se ha encontrado en una situación de vulnerabilidad, pues la violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada hacia un hombre y sus papeles estereotipados.
La propuesta de reforma al artículo 229 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, pretende incrementar las hipótesis legales que configuren el tipo penal de feminicidio en nuestro Estado de Tlaxcala, al pasar de siete fracciones que actualmente prevé dicho artículo a 17.
Asimismo, subrayó que, contrario a lo que se propone a nivel federal, la figura del feminicidio debe preservarse en el Códigos Penal de nuestro Estado, porque visibiliza un grave problema arraigado en nuestra sociedad: la violencia misógina y sistemática contra las mujeres.
Con la adecuación a esta norma, dijo, se sancionará penalmente a aquellos servidores públicos que no procuren ni impartan justicia con perspectiva de género, es decir, se busca obligar a Ministerios Públicos, Peritos, Policías de Investigación y Jueces del fuero común, y todo aquel servidor público que intervenga en una carpeta de investigación en delitos relacionados contra la libertad y seguridad sexual de las personas, feminicidios, y violencia familiar y de género, a dictar de manera oficiosa no solo las medidas de protección y cautelares necesarias para las víctimas e imputados por estos delitos, respectivamente, que les garantice, a los primeros, una vida libre de violencia, y de esta forma evitar que el imputado cause nuevamente un daño mayor a las víctimas.
Reiteró que con esta reforma se busca sancionar la incompetencia, negligencia y falta de pericia de los servidores públicos obligados a procurar e impartir justicia que, por su deficiente trabajo en la integración de las carpetas de investigación, permitan la libertad e impunidad de muchos presuntos feminicidas y responsables de violencia contra las mujeres.