Usurpación de funciones, denuncia ante la PGJE, alteración de actas y amenazas han sido ejercidas por Alfredo Valencia en contra de Maribel Muñoz.
Alfredo González
Ante la presunta violencia política que prevalece en contra de la Síndica del Ayuntamiento de San Juan Huactzinco, Maribel Muñoz Ramírez, la Asociación de Síndicos Unidos de Tlaxcala ya promovió ante el Congreso del Estado la revocación del mandato del Alcalde, Alfredo Valencia Muñoz, sobre quien entre otras cosas, pesa una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por amenazas en contra de la funcionaria en cuestión.
Debido a que la representante legal de la sureña comuna, se ha negado a ser cómplice de los intereses contrarios a la eficiente administración municipal por parte del edil y de los integrantes del Cabildo, estos han proferido actos de discriminación contra la funcionaria e incluso se le ha negado el acceso a recursos humanos, materiales y económicos para el desempeño de sus funciones.
En rueda de prensa este miércoles en la que estuvo acompañada de otras Síndicas y equipo jurídico, Muñoz Ramírez explicó que la solicitud de revocación de mandado se debe a cuatro puntos fundamentales: usurpación de funciones del Presidente Municipal como representante legal del Ayuntamiento a través de un acta apócrifa para, entre otros asuntos, haber pagado un laudo laboral de 592 mil pesos.
Asimismo, alteración de actas de Cabildo de fechas 15 de febrero de 2018 y 3 de junio de 2019, por ser de intereses contrarios a la comuna; por no haber solventado las observaciones de la cuenta pública de lo que va de 2019; así como por la denuncia en contra del edil ante la PGJE por amenazas.
Con acompañamiento de las asociaciones civiles Nosotrxs y Mujeres con Poder, así como su asesora legal Katy Valenzuela, se detalló que están a la espera de que la PGJE emita medidas cautelares sobre el caso, derivado de previas medidas cautelares que desde el 19 de marzo pasado emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos al Cabildo de Huatzinco, de abstenerse de realizar prácticas de discriminación, violencia, intimidación o daños a la integridad física de la quejosa, además de que se le deberían dar las garantías para el desempeño de sus funciones.
De no hacer caso, la CEDH se reserva la integración de un expediente y eventualmente emitir una recomendación al Ayuntamiento.
Aunado a lo anterior, está pendiente la resolución del juicio de protección de los derechos político electorales de la Síndica ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala radicado en el expediente JDC-60/2019, donde el Alcalde y el Tesorero han sido señalados de no argumentar la disminución salarial o retención de los emolumentos de la funcionaria desde el 1 de marzo de 2018.
Por lo demás, Maribel Muñoz hizo un resumen de la violencia política que ha sufrido en lo que va de la administración de Alfredo Valencia, por no someterse a sus intereses personales y de grupo, pues representan un riesgo para la administración pública del buen uso de los recursos municipales y de los intereses de la demarcación.