Javier Conde
En sesión ordinaria, a la ocurrente diputada local de Morena y presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, María del Rayo Netzahuatl Ilhuicatzi propuso eliminar el servicio de escoltas al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez
En tribuna, la morenista y ex perredista, señaló que ni el mandatario estatal mucho menos los miembros de su familia deben tener guardias bajo su servicio.
Planteó la necesidad de derogar el capítulo sexto, del servicio público de escoltas de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, básicamente, en sus artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, y 54
Consideró que el servicio público de escoltas a funcionarios es elitista y discriminatoria, porque solo determinados servidores públicos son beneficiados con cargo al erario, sin que se sepa claramente cuántos recursos humanos y qué otros recursos materiales se asignan.
Agregó que los recursos que se ejercen para el pago de ese servicio, provienen de los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos, de ahí la necesidad de eliminar ese beneficio.
Por ello, propuso que los recursos que se destinan para el servicio público de escoltas, sean destinados a otros programas definidos en el Presupuesto de Egresos en materia de seguridad pública para la protección de la seguridad de las personas.
Según ella, este reconocimiento legal del servicio público de escolta, en “nuestra legislación, tiene por objeto proteger la integridad física de los servidores públicos, que se encuentren bajo las hipótesis siguientes: 1°. Pertenecer al Poder Ejecutivo o Judicial. 2°. Encontrase en una situación de riesgo en razón a sus actividades conferidas”.
“Estas condiciones normativas suenan un tanto elitistas o bien discriminatorias, porque solo determinados servidores públicos son beneficiados con la protección de escoltas, con cargo al erario público”, detalló.
“Sin saber claramente cuántos recursos humanos y que otros recursos materiales se asignan. Es discriminatorio, considerando el derecho al trato igualitario de toda persona ante la Ley”, externó.
Además, dedujo que constitucionalmente, toda persona tiene derecho a la protección de su integridad física y sus bienes por parte del Estado. “Por lo que podemos preguntarnos: Todo trabajador o empleado que sale a altas horas de su trabajo ¿no corre riesgos?”…
De aprobarse la iniciativa presentada por la morenista el gobernador, el secretario de gobierno y el procurador ya no tendrían protección, en un estado donde la inseguridad comienza a sentar sus reales.