26 uniformados fueron despedidos por la administración de la priista Anabell Avalos; el pretexto Exámenes de Control y Confianza

Mientras el Gobierno del Estado anuncia equipamiento, capacitación e incremento salarial a los efectivos policiacos y la comuna de Zacatelco padece una crisis de varios días en el tema de seguridad; la administración de Anabell Ávalos Zempoalteca despidió este jueves -Día de los Inocentes- a 26 elementos que prestaban sus servicios en seguridad pública.
El pretexto para "desechar" a los trabajadores de la seguridad, según fuentes consultadas, son los Exámenes de Control y Confianza (ECC) de los que no se dan mayores detalles y precisión de las "áreas de oportunidad" que incluso pueden ser atendidas y corregidas; aclarandose que el "dictamen reprobatorio" no obliga a cesar o despedir personal, ya que esa, es una facultad del Ayuntamiento y Jefe Policiaco.
Los datos señalan que entre los despedidos están oficiales con años de servicio y de "mediano ingreso", pero eso si, se mantienen "intocables" algunos trabajadores; sobre los que incluso pesan señalamientos de acoso y otros que hasta no aparecen enlistados en la nómina, pero por alguna razon si reciben salario y hasta equipamiento.
Pero según la fuente, el despido del poco más de un cuarto de centenar de policías (que podría alcanzar los cuarenta cesados) a principios delnañonque inicia, se debe principalmente para abrir espacios y colocar a personas afines o incondicionales a la alcaldesa y al responsable de la seguridad en la capital; quien por cierto obedececería a intereses de "otro" superior.
Mientras la situación se torna crítica e inquietante y hasta intolerante, para los casi cien elementos que aún laboran en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio (DSPM) de Tlaxcala dirigida por Max Hernández, la administración capitalina (donde eso si) no se habla de finiquitos y compensaciones por conclusión de relación laboral; prepara acciones administrativas al través de su incipiente Consejo de Honor y Justicia.
Esto con miras a contener cualquier procedimiento o acción de inconformidad, por parte de los ex trabajadores y los proximamente despedidos, principalmente por la posible violación a sus derechos humanos fundamentales.
Quienes estarian siendo despedidos de forma arbitrária mediante la firma de un documento y con la entrega de su equipo (fornitura) como coloquialmente se dice "a raja tabla"; aprovechando que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se hace cargo de la seguridad en la metrópoli que concentra en un mayor porcentaje en relación a lo político y administrativo en el estado.
Mientras el Gobierno del Estado anuncia equipamiento, capacitación e incremento salarial a los efectivos policiacos y la comuna de Zacatelco padece una crisis de varios días en el tema de seguridad; la administración de Anabell Ávalos Zempoalteca despidió este jueves -Día de los Inocentes- a 26 elementos que prestaban sus servicios en seguridad pública.
El pretexto para "desechar" a los trabajadores de la seguridad, según fuentes consultadas, son los Exámenes de Control y Confianza (ECC) de los que no se dan mayores detalles y precisión de las "áreas de oportunidad" que incluso pueden ser atendidas y corregidas; aclarandose que el "dictamen reprobatorio" no obliga a cesar o despedir personal, ya que esa, es una facultad del Ayuntamiento y Jefe Policiaco.
Los datos señalan que entre los despedidos están oficiales con años de servicio y de "mediano ingreso", pero eso si, se mantienen "intocables" algunos trabajadores; sobre los que incluso pesan señalamientos de acoso y otros que hasta no aparecen enlistados en la nómina, pero por alguna razon si reciben salario y hasta equipamiento.
Pero según la fuente, el despido del poco más de un cuarto de centenar de policías (que podría alcanzar los cuarenta cesados) a principios delnañonque inicia, se debe principalmente para abrir espacios y colocar a personas afines o incondicionales a la alcaldesa y al responsable de la seguridad en la capital; quien por cierto obedececería a intereses de "otro" superior.
Mientras la situación se torna crítica e inquietante y hasta intolerante, para los casi cien elementos que aún laboran en la Dirección de Seguridad Pública del Municipio (DSPM) de Tlaxcala dirigida por Max Hernández, la administración capitalina (donde eso si) no se habla de finiquitos y compensaciones por conclusión de relación laboral; prepara acciones administrativas al través de su incipiente Consejo de Honor y Justicia.
Esto con miras a contener cualquier procedimiento o acción de inconformidad, por parte de los ex trabajadores y los proximamente despedidos, principalmente por la posible violación a sus derechos humanos fundamentales.
Quienes estarian siendo despedidos de forma arbitrária mediante la firma de un documento y con la entrega de su equipo (fornitura) como coloquialmente se dice "a raja tabla"; aprovechando que la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se hace cargo de la seguridad en la metrópoli que concentra en un mayor porcentaje en relación a lo político y administrativo en el estado.